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Expediente histórico relacionado con el cobro de las soldadas devengadas por la tripulación del navío San Miguel y Las Ánimas (también conocido como El Veneciano) durante su viaje a Veracruz, México, en 1746.
Por: Archivo de Indias Veracruz-Sevilla
José de Sierra y Felipe García, quienes tenían roles importantes a bordo (capitán, piloto y contramaestre), requería mediante la intervención de las autoridades a Nicolás Remandino, un comerciante y dueño del navío, con este documento que incluye los detalles de los gastos y las listas de la tripulación. Fue gestionado inicialmente por el Secretario Antonio de Salazar y Castillo y, posteriormente, por Manuel de la Vega a partir de 1770. El caso fue tratado en la Casa de Contratación de Cádiz, que era el tribunal encargado de supervisar los aspectos relacionados con el comercio y la navegación en el Imperio Español.
El cobro de las soldadas (sueldos) devengadas durante la época colonial, especialmente en el contexto de la navegación y las actividades comerciales transatlánticas, era complejo y muy formalizado. Implicaba una serie de trámites que pasaban por varias instancias administrativas y judiciales, con el fin de garantizar que los derechos de los marinos y otros miembros de la tripulación fueran respetados, y que se pagaran las cantidades adecuadas por el trabajo realizado.
Era necesario presentar una solicitud inicial, integrada por una solicitud de cobro ante las autoridades pertinentes, como la Casa de Contratación de Cádiz, o el capitán del barco en caso de que ya se encontraran en puerto. Este documento debía incluir también, detalles sobre el tiempo de servicio, el cargo ocupado a bordo (por ejemplo, piloto, contramaestre), y el monto debido según las listas de pago.
También, un informe de los registros de la tripulación (listas de marineros, sueldos y funciones a bordo) debían ser elaborados y firmados, lo que servía como prueba documental del trabajo realizado. Estas listas se enviaban a la Casa de Contratación de Cádiz, que tenía un papel central en la supervisión de las relaciones laborales marítimas.
Además del cobro de las soldadas, el proceso incluía la verificación de los gastos realizados a bordo, especialmente en lo relacionado con el rancho, que se refiere a la alimentación o ración diaria que se proporcionaba a los marineros a bordo: los suministros y los gastos generales de operación del navío. En este caso, se revisaban las cuentas presentadas por el comerciante y propietario del barco, como Nicolás Remandino, quien debía justificar los gastos y las cantidades devengadas por cada miembro de la tripulación.
Finalmente, las autoridades competentes revisaban toda la documentación para determinar que los sueldos fueran correctos y que no hubiera errores en las cuentas. Esto incluía la revisión de los informes de la tripulación y los resúmenes de gastos presentados por los oficiales responsables, en este caso, José Sierra y Felipe García.
En los casos en los que había discrepancias o dudas sobre el pago de las soldadas, el proceso podía tomar un giro judicial, en el que se hacía necesaria la intervención de un órgano administrativo y judicial combinado, como la Casa de Contratación o un tribunal marítimo local, dependiendo del lugar del juicio. La administración también tenía tribunales específicos para tratar los asuntos de comercio y navegación, como el Tribunal de Comercio.
Cuando una empresa o dueño de un navío enfrentaba una situación de quiebra, como podría haber sucedido con el comerciante y propietario Nicolás Remandino o en el caso de la quiebra de Alejandro Marchena contra Jerónimo Enrile. el proceso legal y administrativo era bastante estructurado bajo el marco del Derecho Marítimo y las normas comerciales de la época. En esos casos, se tomaban varias acciones y, en su mayoría, la autoridad competente recaía en las instituciones administrativas y judiciales encargadas del comercio, la navegación y los conflictos laborales. En el ejemplo que presentamos, intervinieron los síndicos de la quiebra, funcionarios designados por el tribunal de comercio o la autoridad judicial encargada de los casos de insolvencia. Su rol era gestionar todo el proceso de liquidación de la quiebra, supervisando el inventario y la distribución de los bienes del deudor entre los acreedores.
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