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Sevilla. La Junta Central comunica al Consejo que ha dispensado a Gabriel José de Lacunza y Arteaga, natural de Veracruz de un año de estudios para poder presentarse como abogado, por encontrarse enfermo.
Por: Archivo de Indias Veracruz-Sevilla
Como describe el documento, Gabriel José de Lacunza y Arteaga era bachiller en Leyes, grado que en la España del siglo XIX, no otorgaba la plena capacidad para desempeñar cargos judiciales de mayor rango. Esta limitación se debía a que, en el sistema jurídico de la época, el título de bachiller era considerado una etapa preliminar de los estudios en derecho. Para desempeñar funciones en el ámbito judicial, era necesario completar una formación adicional, que normalmente se alcanzaba con el título de "licenciado" en derecho y el Doctorado en Leyes, este último, grado académico más alto que se obtenía tras completar estudios de posgrado y defender una tesis doctoral. Habilitaba para la docencia universitaria y para ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración pública y la judicatura.
Siendo parte del Imperio Español, los nacidos en Nueva España tenían los mismos derechos que los nacidos en la Península Ibérica, incluyendo como en este caso, la oportunidad de estudiar en la Universidad de Sevilla, lo que regularmente sucedía, siempre y cuando, se contara con los recursos económicos y las conexiones necesarias, ya fueran familiares o comerciales y cumplir con los trámites requeridos.
Aunque existían instituciones educativas en Nueva España, como la Real y Pontificia Universidad de México y el sistema educativo en Nueva España estaba influenciado por el modelo español, ciertamente algunas familias pudientes preferían enviar a sus hijos a estudiar a la Península, donde se encontraban universidades de mayor tradición y prestigio como la de Sevilla.
En 1809, la Junta Central de Sevilla, que gobernaba en nombre de Fernando VII durante la ocupación napoleónica, tenía la autoridad para dispensar de un año de estudios a un natural de Veracruz para que pudiera presentarse como abogado. La dispensa de estudios, era una prerrogativa real que permitía a ciertos individuos acortar el tiempo requerido para obtener un título académico, como el de abogado. Esta facultad fue delegada a la Junta Central de Sevilla en ausencia del rey.
La comunicación al Consejo era necesaria porque este cuerpo colegiado tenía la función de supervisar y controlar la legalidad de los actos de la Junta Central, de manera que la dispensa de estudios, al ser una decisión importante que afectaba la formación de un profesional, debía ser comunicada y registrada por el Consejo.
La Junta Central de Sevilla, como depositaria de la autoridad real, debía tomar decisiones difíciles en un contexto de guerra y crisis institucional.
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